El dictamen aprobado por el Congreso de la República señala que abogados/as del CEM podrán asumir la representación legal de las niñas, niños y adolescentes víctimas.

El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad de 109 congresistas el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sobre proyecto de ley que considerará la trata de personas y las distintas formas de explotación como delitos contra la dignidad humana.

Uno de los puntos más destacados de este dictamen, que asegura la reparación civil integral y adecuada para las víctimas, es que los tratantes y explotadores serán considerados como personas que denigran a sus víctimas en su condición de seres humanos, razón por la cual —como sostiene la propia Corte Suprema de Justicia— afectan su dignidad humana, bien jurídico protegido que tiene como núcleo esencial la prohibición de cosificación, instrumentalización o mercantilización de la persona, según la organización CHS Alternativo.

Este documento también precisa cuatro criterios mínimos para determinar la reparación civil de las víctimas, como los salarios impagos; los costos del tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico; los costos de la rehabilitación física, social y ocupacional; y la indemnización por la pérdida de oportunidades, empleo, educación y prestaciones sociales. Con ello se busca una reparación civil integral, ya que el sistema de justicia no ha establecido criterios y suele fijar montos inadecuados a los daños y perjuicios causados.

En la misma línea, prevé que la subasta de los bienes de los tratantes y explotadores decomisados que pasaron a titularidad del Estado sean destinados a la reparación civil de las víctimas cuando el condenado no cuente con patrimonio suficiente. Esto permitirá superar la dificultad de las personas sobrevivientes para ejecutar la reparación civil.

Asimismo, establece que las y los defensores públicos de víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como abogados/as del Centro de Emergencia Mujer, podrán asumir la representación legal de las niñas, niños y adolescentes víctimas, para hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia y ejercer plenamente sus derechos procesales.

Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo promulgue esta ley.

Lima, febrero de 2021

Fuente: La República